Introducción

En la capital del país, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México garantiza los derechos de las personas con discapacidad al señalar que el Derecho de Acceso a la Información Pública no puede condicionarse por motivos de discapacidad.

Artículo 24Los sujetos obligados deberán contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la información pública (Artículo 24, numeral XIX).

Artículo 53Dentro de las atribuciones del Instituto está el procurar que la información publicada por los sujetos obligados sea accesible de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, así como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos.

Artículo 119Que el Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

El enfoque de la discapacidad

En el marco de un enfoque social y de derechos humanos, la discapacidad es producto de dos elementos en interacción: una condición física, mental o psicoemocional que limita o dificulta en el largo plazo lasactividades cotidianas y un contexto social que favorece la producción de barrera físicas, comunicativas, institucionales y simbólicas que restringen el desarrollo y la autonomía de las personas. Es decir, la discapacidad no es una condición individual, sino social, en la que intervienen contextos de discriminación. Un enfoque social y de derechos humanos sobre la discapacidad es necesario para el acceso a la información de:

 La imagen se conforma de un recuadro que señala los grupos de personas beneficiadas por la utilización de contenidos accesibles.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, la población con discapacidad en la Ciudad de México asciende a 5.4%; de este sector, 43.1% son hombres y 56.9% son mujeres. El grupo etario en el que se concentran las personas con discapacidad abarca entre los 60 y 84 años (44.6%), seguido del grupo entre 30 y 59 años (29.6%), 85 y más (10.6%), 15-29 años (8.7%) y 0-14 años (6.5%).

Las brechas de desigualdad y discriminación son profundas en este sector. De acuerdo con INEGI, en el país 19% de las personas con discapacidad (1.2 millones) no sabe leer ni escribir un recado, porcentaje casi cuatro veces mayor a lo reportado en la población sin discapacidad 4% (3.3 millones). También, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más representa 38%, entre las personas sin discapacidad representa el 67% (INEGI, 2020).

En este contexto, el marco legal cumple con una función normativa y otra pedagógica, cuyo objeto es el reconocimiento de las personas como titulares de derechos, implementando los mecanismos para su ejercicio en condiciones de igualdad. En el cumplimiento de este objetivo, los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales tienen una función instrumental, en la que coadyuvan al ejercicio de otros derechos humanos.

 La imagen de un par de personas que representan al Derecho de Acceso a la Información Pública como un derecho llave, ya que facilita el acceso a otros derechos.